En el marco del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, la fundación Nido para Ángeles reafirmó su compromiso de trabajar por un país más inclusivo y equitativo para todas las personas que viven con esta condición.

La conmemoración de este importante día contó con la presencia del Consejo Directivo de la institución, así como aliados valiosos de empresas públicas y privadas, quienes participaron en un acto centrado en reflexionar y concienciar sobre las necesidades de esta población. Este año la institución organizó el evento “Oye mi voz”, en el que desfilaron niños y niñas de diversos programas, acompañados de sus familias, maestras y terapeutas. Culminó con un panel moderado por la destacada periodista Alicia Ortega, donde participaron jóvenes que, a pesar de las barreras, han logrado importantes avances en sus vidas.

“Durante años hemos sido testigos del inmenso potencial de nuestros niños, niñas y jóvenes con parálisis cerebral. No obstante, sus vidas siguen siendo obstaculizadas por barreras que les impiden alcanzar su pleno desarrollo. Es momento de derribar estas barreras y construir un futuro donde todos y todas tengan las mismas oportunidades”, expresó Mónika Despradel, presidenta de Nido para Ángeles.

La parálisis cerebral no define a una persona; es una condición que requiere atención especializada, apoyo y comprensión. En Nido para Ángeles se ofrecen tres programas diseñados para atender las diversas necesidades. Entre los servicios multidisciplinarios están: evaluaciones médicas, educación, rehabilitación, así como atención psicológica y social, todo en un solo lugar.

“Alzamos nuestra voz para invitarles a ser parte de una sociedad más inclusiva y justa, donde las personas que viven con esta condición en nuestro país tengan mejor calidad de vida”, enfatizó Alicia Ortega durante el panel.

También, Daniel Jiménez afirmó: “Más de 20 millones de personas en el mundo viven con esta condición, y a pesar de ello, pueden desarrollarse plenamente, tener una vida digna y cumplir sus sueños”. Este es uno de los jóvenes que compartió su experiencia, junto a: Rocío Melo, Licenciada en Educación; Juan Felipe Pichardo, Licenciado en Comunicación Audiovisual y Arte Cinematográfico; Marx Caba, joven emprendedor integrado al mercado laboral y Carla María Estrella, quien recientemente completó el bachillerato y aspira a iniciar estudios universitarios.

Cada día las personas con parálisis cerebral enfrentan desafíos que limitan su potencial, desde la falta de accesibilidad a espacios públicos hasta la discriminación y la escasez de oportunidades laborales. En el país no se cuenta con una estadística específica de parálisis cerebral actualizada. Pero. según estudios internacionales, entre 1,5 y 4 de cada 1,000 bebés nacen con parálisis cerebral en el mundo, siendo el trastorno de movimiento más común en la infancia.  Mientras, en la República Dominicana, unas 156,600 personas viven con esta condición, conforme a estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta condición se produce por una lesión permanente en el cerebro, causada por múltiples razones que ocurren antes, durante o después del parto; o bien, en los primeros años de vida. Puede alterar el movimiento, la postura, y -en algunos casos- las capacidades cognitivas, auditivas, visuales y del lenguaje. La gravedad y el alcance de estas afecciones varían conforme al tipo y la causa de la lesión. 

De acuerdo con la Sra. Mónika Despradel, se requiere tratar cuatro aspectos para avanzar hacia una sociedad verdaderamente inclusiva que garantice los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes con parálisis cerebral:

• Asegurar el acceso a servicios de calidad, como atención médica especializada, programas de rehabilitación, educación y oportunidades laborales.
• Eliminar las barreras arquitectónicas, adaptando los espacios públicos y privados para que sean accesibles para todas las personas, sin importar sus capacidades.
• Erradicar la discriminación, promoviendo la sensibilización y la educación para cambiar actitudes y eliminar prejuicios.
• Fortalecer las políticas públicas, garantizando el cumplimiento de las leyes vigentes y ajustando las normativas para proteger los derechos de las personas con discapacidad.